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TEST DE LA LEY ORGÁNICA 3/1981, DE 6 DE ABRIL, DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

TÍTULO SEGUNDO. Del procedimiento

CAPÍTULO CUARTO. Obligación de colaboración de los organismos requeridos

CAPÍTULO QUINTO. Sobre documentos reservados

CAPÍTULO SEXTO. Responsabilidades de las autoridades y funcionarios

CAPÍTULO SÉPTIMO. Gastos causados a particulares

  1. Según el artículo 19.1 de la LODP, ¿qué obligación tienen los poderes públicos respecto al Defensor del Pueblo?
    1. Someterse a la supervisión directa del Defensor del Pueblo en todo momento.
      Informarle únicamente sobre asuntos que afecten a derechos fundamentales.
      Remitirle informes trimestrales sobre su actividad administrativa.
      Auxiliarlo con carácter preferente y urgente en sus investigaciones e inspecciones.
  2. En los términos del artículo 19.1 de la LODP, ¿qué carácter tienen las obligaciones de los poderes públicos hacia el Defensor del Pueblo?
    1. Sujeto a la aprobación de los tribunales.
      Opcional, salvo en casos excepcionales.
      Preferente y urgente.
      Exclusivamente aplicable en situaciones de emergencia nacional.
  3. De acuerdo con el artículo 19.2 de la LODP, ¿quiénes pueden personarse en centros de la Administración pública durante una investigación del Defensor del Pueblo?
    1. El Defensor del Pueblo, su Adjunto, o la persona en quien él delegue.
      Solo el Defensor del Pueblo y los Diputados que lo respalden.
      Exclusivamente el Defensor del Pueblo y la Comisión Mixta Congreso-Senado.
      Cualquier funcionario autorizado por la Administración investigada.
  4. En los términos del artículo 19.2 de la LODP, ¿con qué propósito puede el Defensor del Pueblo acceder a centros de la Administración pública?
    1. Para comprobar datos, realizar entrevistas personales y estudiar la documentación necesaria.
      Para supervisar la actividad diaria de los funcionarios públicos.
      Para establecer nuevas normativas de inspección administrativa.
      Para fiscalizar la gestión económica de los centros visitados.
  5. Conforme al artículo 19.3 de la LODP, ¿qué no puede ser negado al Defensor del Pueblo durante sus investigaciones?
    1. El uso de instalaciones administrativas como oficinas temporales.
      La participación en reuniones internas del organismo investigado.
      La autorización para imponer sanciones directas a funcionarios.
      El acceso a expedientes y documentación administrativa relacionada con la investigación.
  6. Según el artículo 19.3 de la LODP, ¿qué excepción puede limitar el acceso del Defensor del Pueblo a ciertos expedientes o documentos?
    1. La solicitud previa de un informe judicial.
      La negativa fundamentada del Jefe del Organismo en cuestión.
      La aprobación explícita del Consejo de Ministros.
      Lo dispuesto en el artículo 22 de la LOTC.
  7. De acuerdo con el artículo 20.1 de la LODP, ¿qué debe hacer el Defensor del Pueblo cuando una queja afecta a la conducta de un funcionario en relación con su función?
    1. Remitir la queja directamente al Ministerio Fiscal.
      Dar cuenta de la misma al afectado y a su inmediato superior u Organismo del que dependa.
      Suspender temporalmente al funcionario investigado.
      Publicar un informe previo sobre la queja en el «Boletín Oficial del Estado».
  8. Según el artículo 20.2 de la LODP, ¿cómo debe responder el funcionario afectado por una queja investigada por el Defensor del Pueblo?
    1. Solicitando una reunión con su superior jerárquico y el Defensor del Pueblo.
      Compareciendo personalmente ante el Defensor del Pueblo.
      Por escrito, aportando los documentos y testimonios que considere oportunos.
      Emitiendo un comunicado público sobre su conducta.
  9. En los términos del artículo 20.2 de la LODP, ¿cuál es el plazo que tiene un funcionario afectado por una queja para responder al Defensor del Pueblo?
    1. En ningún caso será superior a diez días.
      En ningún caso será inferior a diez días.
      Veinte días naturales.
      Un mes, desde la comunicación de la queja.
  10. En los términos del artículo 20.2 de la LODP, y en relación con el plazo no inferior a diez días que tiene un funcionario afectado por una queja comunicada a través del Defensor del Pueblo:
    1. * El plazo podrá ser prorrogado, a instancia de parte, por la mitad del concedido.
      El plazo no podrá ser prorrogado en caso alguno.
      * El plazo podrá ser prorrogado, de oficio, por la mitad del concedido.
      Las dos respustas marcadas (*) son correctas.
  11. De acuerdo con el artículo 20.3 de la LODP, ¿qué puede proponer el Defensor del Pueblo al funcionario investigado?
    1. Una reunión con su inmediato superior para aclarar la situación.
      La entrega de un informe jurídico externo.
      Una entrevista ampliatoria de datos.
      La renuncia a su cargo durante la investigación.
  12. Según el artículo 20.3 de la LODP, ¿qué debe hacer un funcionario que se niegue a participar en una entrevista ampliatoria propuesta por el Defensor del Pueblo?
    1. Informar a su superior jerárquico y solicitar una revisión del caso.
      Solicitar asesoría legal antes de emitir una respuesta.
      Comparecer obligatoriamente ante la Comisión Mixta Congreso-Senado.
      Manifestar por escrito las razones que justifiquen su decisión.
  13. Conforme al artículo 20.4 de la LODP, ¿qué carácter tiene la información aportada por un funcionario a través de su testimonio personal durante una investigación?
    1. Pública, para garantizar la transparencia de la investigación.
      Reservada, salvo lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre hechos delictivos.
      Confidencial y no susceptible de ser compartida con terceros.
      Sujeta a revisión por parte del superior jerárquico del funcionario.
  14. Según el artículo 21 de la LODP, ¿qué debe hacer el superior jerárquico u Organismo que prohíba a un funcionario responder al Defensor del Pueblo?
    1. Suspender temporalmente al funcionario investigado.
      Presentar un informe a la Comisión Mixta Congreso-Senado.
      Manifestar la prohibición por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al Defensor del Pueblo.
      Comunicar la decisión exclusivamente al Defensor del Pueblo, sin informar al funcionario.
  15. En los términos del artículo 21 de la LODP, si un superior jerárquico prohíbe a un funcionario entrevistarse con el Defensor del Pueblo, ¿a quién dirigirá sus investigaciones el Defensor del Pueblo?
    1. Exclusivamente al Ministerio Fiscal.
      A la Comisión Mixta Congreso-Senado.
      Al superior jerárquico que emitió la prohibición.
      Directamente al Presidente del Congreso.
  16. Conforme al artículo 21 de la LODP, ¿cómo debe justificarse la decisión de un superior jerárquico de prohibir la respuesta de un funcionario al Defensor del Pueblo?
    1. Mediante la aprobación de la Comisión Mixta Congreso-Senado.
      A través de una resolución administrativa pública.
      Mediante un escrito motivado.
      Con una comunicación verbal al funcionario y al Defensor del Pueblo.
  17. De acuerdo con el artículo 22.1 de la LODP, ¿qué puede solicitar el Defensor del Pueblo a los poderes públicos?
    1. Todos los documentos necesarios para el desarrollo de su función, incluidos los clasificados como secretos de acuerdo con la ley.
      Únicamente documentos públicos que no afecten a la seguridad nacional.
      Información exclusivamente vinculada a procedimientos judiciales en curso.
      Solo documentos que ya hayan sido publicados en el «Boletín Oficial del Estado».
  18. De acuerdo con el artículo 22.1 de la LODP, ¿qué organismo debe acordar la no remisión de documentos clasificados como secretos al Defensor del Pueblo?
    1. La Comisión Mixta Congreso-Senado.
      El Consejo de Ministros.
      El Tribunal Constitucional.
      El Ministerio de Justicia.
  19. Según el artículo 22.1 de la LODP, ¿qué debe acompañar la decisión del Consejo de Ministros de no remitir documentos clasificados como secretos al Defensor del Pueblo?
    1. Una explicación verbal al Defensor del Pueblo en sesión cerrada.
      Una certificación acreditativa del acuerdo denegatorio.
      Una resolución administrativa pública firmada por el Presidente del Gobierno.
      Un dictamen del Tribunal Constitucional sobre la clasificación del documento.
  20. En el artículo 22.2 de la LODP, ¿cómo deben verificarse las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo y su personal?
    1. En coordinación con las dependencias afectadas por la investigación.
      De manera pública, garantizando la transparencia del procedimiento.
      Dentro de la más absoluta reserva.
      Exclusivamente bajo supervisión de la Comisión Mixta Congreso-Senado.
  21. De acuerdo con el artículo 22.2 de la LODP, ¿qué medidas especiales deben adoptarse en relación con los documentos clasificados como secretos?
    1. Comunicación directa al Tribunal Supremo para su validación.
      Revisión obligatoria por parte del Consejo de Ministros.
      Exclusión automática de los informes a las Cortes Generales.
      Medidas especiales de protección.
  22. Según el artículo 22.3 de la LODP, ¿qué hará el Defensor del Pueblo si un documento clasificado como secreto no remitido por la Administración afecta decisivamente su investigación?
    1. Solicitará la intervención del Consejo de Estado.
      Interpondrá una denuncia formal ante el Ministerio Fiscal.
      Lo pondrá en conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado.
      Publicará un informe especial detallando la situación en el «Boletín Oficial del Estado».
  23. Según el artículo 23 de la LODP, ¿qué puede hacer el Defensor del Pueblo cuando las actuaciones revelen que una queja se originó por abuso o negligencia de un funcionario?
    1. Dirigirse al funcionario afectado haciéndole constar su criterio.
      Interponer una denuncia directa ante el Ministerio Fiscal.
      Solicitar la suspensión inmediata del funcionario implicado.
      Publicar un informe directo en el «Boletín Oficial del Estado».
  24. De acuerdo con el artículo 23 de la LODP, cuando el Defensor del Pueblo se dirige al funcionario implicado en una queja, ¿qué acción adicional realiza simultáneamente?
    1. Remite el caso al Consejo de Ministros para su evaluación.
      Da traslado de dicho escrito al superior jerárquico.
      Convoca una sesión con la Comisión Mixta Congreso-Senado.
      Publica un informe especial con sus conclusiones.
  25. Según el artículo 23 de la LODP, ¿qué motivos pueden presumiblemente originar una queja contra un funcionario?
    1. Exclusivamente violaciones de derechos fundamentales.
      Retrasos en los trámites administrativos sin explicación.
      Falta de experiencia o formación del funcionario.
      Abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia u omisión.
  26. Según el artículo 24.1 de la LODP, ¿qué puede hacer el Defensor del Pueblo ante la persistencia de una actitud hostil por parte de un funcionario o directivo de la Administración pública?
    1. Presentar una denuncia penal contra el funcionario.
      Incluir la conducta en un informe especial y destacarla en su informe anual.
      Suspender temporalmente al funcionario involucrado.
      Convocar una sesión urgente de la Comisión Mixta Congreso-Senado.
  27. Según el artículo 25.1 de la LODP, ¿qué debe hacer el Defensor del Pueblo si conoce hechos presumiblemente delictivos en el ejercicio de las funciones propias de su cargo?
    1. Elaborar un informe y enviarlo al Consejo de Ministros.
      Remitirlos a los Tribunales de Justicia directamente.
      Ponerlos de inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado.
      Incluirlos en su informe anual sin más actuaciones.
  28. De acuerdo con el artículo 25.2 de la LODP, ¿qué obligación tiene el Fiscal General del Estado con respecto al Defensor del Pueblo?
    1. Proveerle acceso directo a los expedientes del Ministerio Fiscal.
      Comunicarle todos los procesos judiciales en curso.
      Consultar previamente con el Defensor del Pueblo antes de tomar cualquier decisión.
      Informarle periódicamente o cuando lo solicite sobre el trámite de las actuaciones iniciadas a su instancia.
  29. Conforme al artículo 25.3 de la LODP, ¿qué debe hacer el Fiscal General del Estado si el Ministerio Fiscal, en el ejercicio de sus funciones, detecta posibles irregularidades administrativas?
    1. Ponerlas en conocimiento del Defensor del Pueblo.
      Trasladarlas al Congreso de los Diputados para su evaluación.
      Archivar el caso tras investigarlo internamente.
      Notificarlas exclusivamente al organismo afectado.
  30. Según el artículo 26 de la LODP, ¿en qué forma puede el Defensor del Pueblo ejercitar la acción de responsabilidad contra autoridades y funcionarios?
    1. Únicamente si recibe autorización del Congreso de los Diputados.
      Sólo cuando exista una denuncia formal previa de un ciudadano.
      De oficio y sin necesidad de previa reclamación por escrito.
      En casos en que se haya iniciado una investigación judicial.
  31. De acuerdo con el artículo 26 de la LODP, ¿quiénes pueden ser objeto de la acción de responsabilidad ejercida por el Defensor del Pueblo?
    1. Solamente los funcionarios del Gobierno central.
      Autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso local.
      Exclusivamente los agentes del orden a nivel autonómico.
      Sólo las autoridades con competencias legislativas.
  32. Según el artículo 27 de la LODP, ¿qué sucede con los gastos efectuados por particulares llamados a informar por el Defensor del Pueblo sin haber promovido la queja?
    1. Deben ser asumidos por los particulares afectados.
      Serán cubiertos con cargo al presupuesto del Defensor del Pueblo tras su debida justificación.
      Se cargan al presupuesto general del Estado directamente.
      No se contempla ninguna compensación para estos casos.
  33. De acuerdo con el artículo 27 de la LODP, ¿qué requisito es necesario para que los perjuicios materiales causados a particulares sean compensados?
    1. Que estén debidamente justificados.
      Que sean reclamados mediante recurso administrativo.
      Que se presente una denuncia formal ante el Tribunal Constitucional.
      Que sean validados por las Cortes Generales.
 
 
 

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